Sin defensa de mis derechos

Permítame que le relate las vicisitudes por las que pasé en la mañana del día 8 para poder ejercer mi labor como catedrático de la Universidad Complutense y atender a mis alumnos de la Facultad de Económicas.
Al llegar a la Facultad, eran las 8:20 de la mañana, me he encontrado con una barricada de contenedores, materiales de construcción y tierra amontonada que, finalmente, he podido superar sin mayores dificultades, tras la cual había una barrera humana formada por unos quince o veinte estudiantes que bloqueaban el acceso. Había también un coche de la Policía nacional cuya dotación se resguardaba de la lluvia dentro de él.
Subiéndome a la acera he logrado sortear esa barrera humana y he accedido al aula donde doy clase y en la que había una asistencia menor de la habitual. No obstante, a lo largo de las dos horas que dura la clase han ido entrando los alumnos que, con iguales o mayores dificultades, han accedido al campus de Somosaguas.
Después de la clase me he puesto en contacto con la decana de la Facultad -la doctora Begoña García Greciano- para protestar por la inacción de las autoridades académicas ante la actuación manifiestamente ilegal del piquete de estudiantes, pues a nadie se le oculta que impedían la libertad de circulación consagrada en el artículo 19 de nuestra Constitución y en el 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La decana me ha manifestado que se veía impedida de actuar y que, de hecho, se había puesto en contacto con el comisario de Pozuelo de Alarcón para hablar del asunto. Éste le había señalado que, sin la autorización del rector -el doctor Carrillo-, no tomaría medida alguna para impedir la actuación de los piquetes de estudiantes.
A la vista de lo que me ha indicado la decana, he llamado por teléfono al vicerrector de organización, Joaquín Goyache, para continuar mi protesta. El vicerrector me ha informado muy amablemente que el rector no había hecho nada ante la situación descrita. Textualmente que ni había desautorizado ni autorizado una intervención policial. Y que, de momento, estaban evaluando la situación y no tomarían ninguna medida. Ante semejante respuesta le he pedido que, de mi parte, le dijera al rector que se ocupa el cargo para ejercer la autoridad y que, si no quiere ejercerla, dimita. En fin, el derecho al pataleo. Ahí me he quedado yo solo, sin que autoridad alguna, ni académica ni gubernativa, garantice mi derecho individual. Me pregunto qué sociedad democrática es ésta en la que los derechos individuales se conculcan con la mayor impunidad; es más, empiezo a preguntarme cuántos meses de existencia le quedan aún a la democracia en esta España arrasada por la dejación y la incompetencia.

Mikel Buesa

Félix Velasco - Blog