Algunas autoridades autonómicas despliegan una extraña ojeriza contra el idioma castellano que resulta, como poco, de difícil explicación. Como si el idioma fuese, por sí solo, culpable de alguno de los males que supuestamente han pasado en su imaginario personal, en determinadas comunidades autónomas se ha desplegado concienzudamente un estado oficial de antipatía administrativa por el idioma común. La reciente Ley de Educación aprobada en Cataluña corrobora lo antedicho. La política educativa del Gobierno balear, más o menos por el estilo. El desalojado Gobierno gallego anterior a la victoria de Núñez Feijoó, tres cuartos de lo mismo. Siempre con el PSOE de por medio, por cierto. El mismo PSOE, en cambio –mediante un pacto con el PP, evidentemente–, es el que en la Comunidad Autónoma Vasca ha equilibrado el ansia exterminadora del PNV y sus mariachis y ha garantizado una enseñanza en equilibrio. En las calles de Barcelona, Palma o Santiago se habla castellano con absoluta normalidad, se alterna esta lengua con la que se considera propia –todas ellas muy similares– y se crea un espacio común de convivencia que la ciudadanía desarrolla con perfecta normalidad desde hace tantos años como existe el habla. ¿Por qué ese empeño, pues, en estigmatizar el uso de una lengua que es propia desde el momento que es usada por, al menos, la mitad de la población?
La lectura de las principales disposiciones de la ley catalana sorprende por su contumacia en disponer del catalán en todos los ámbitos de la vida estudiantil. Resulta esperanzador tan sólo que la enseñanza del castellano sea impartida en castellano, que a punto estuvieron de evitarlo; el inglés, parece, tendrá el mismo o mayor número de horas a la semana. Las autoridades catalanas entienden que los niños llegan al colegio con el castellano aprendido de casa: «Eso ya lo hablas con tu papá, nene, que es de Badajoz y así lo aprendes tranquilamente». En la escuela se vigilará que todo, absolutamente todo, sea en catalán. Comprensible que se pretenda que el uso del catalán, de considerarse tan mayoritario como único en un futuro, se corresponda con un dominio absoluto por parte de los hombres y las mujeres del mañana, pero ¿hasta el punto de inculcar al alumnado una especie de menosprecio institucional por una lengua que tendrán que utilizar con más frecuencia de la deseable para las autoridades? ¿O creen de verdad que lo que espera dentro de cien años es una arcadia aparte en la que catalanes y baleares no tengan que relacionarse en absoluto con el resto de los españoles? ¿Tal vez esperan que sus negocios con los aragoneses se realicen en inglés?
Batallar contra el castellano es una labor absurda: guste más o menos, su salud y vigor social están en expansión. Se entienden prioridades idiomáticas, incluso el uso vehicular de una lengua por encima de la otra –castellano, gallego y catalán son tan semejantes que pasar de una a otra no debe suponer ningún sacrificio lingüístico–, pero inculcar ojerizas normativas sólo lleva a sus impulsores al ridículo. La gente, lo admita con más o menos disgusto, hablará lo que quiera, aunque el uso de un idioma concreto sea imprescindible para relacionarse con la Administración. Y lo hará por muchos comisarios que le pongan sobre el hombro. Sólo que no dotarán a varias generaciones de ciudadanos de un arma estratégica de primer orden: hablar castellano tan sumamente bien como hablan gallego, vasco o catalán. Los jóvenes que viven en esas comunidades deben hablar esos idiomas a la perfección –no encontrarán en este articulista a alguien que crea menor el conocimiento de esas lenguas, antes al contrario–, pero no es bueno que vayan a conocer el castellano a través de Gran Hermano o de Operación Triunfo. Los odios a los idiomas se pagan muy caros a largo plazo. Díganmelo a mí, que no sé escribir bien el catalán debido a que, en mi edad de escuela, también lo aprendí en la calle.
Carlos Herrera
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