Los partidos catalanes que apoyan la soberanía y los que mantienen una posición dubitativa contribuyen a este desbarajuste colectivo, producto de una convocatoria electoral fuera de lugar
Los partidos catalanes que apoyan la soberanía y los que mantienen una posición dubitativa contribuyen a este desbarajuste colectivo, producto de una convocatoria electoral fuera de lugar
UN paso adelante y otro atrás. La negociación política sobre la declaración soberanista del Parlamento autonómico, propuesta por CiU y sus socios republicanos, es fiel reflejo del descontrol generalizado que se ha instalado en la política catalana a partir de las elecciones. Artur Mas huye camino de ninguna parte después del fracaso en las urnas, mientras que ERC es el mayor beneficiario de una situación tan esperpéntica que le permite actuar a la vez como socio del Ejecutivo y cabeza de la oposición. Todos los partidos que apoyan directa o indirectamente el sedicente derecho a decidir son culpables de un disparate que tiene desconcertado a los ciudadanos. Duran y todo su partido hacen equilibrios sobre el alambre al tiempo que procuran que pase la tormenta sobre la financiación ilegal. El PSC continúa con la eterna ambigüedad entre un federalismo que nadie define y un apoyo puro y duro al referéndum soberanista. También ICV hace extrañas contorsiones buscando un lugar que todavía no ocupe nadie en este espacio saturado de planteamientos fuera de la realidad. Solo PP y Ciutadans actúan con el razonable sentido común que proporciona la claridad de los principios que defienden y, en el caso del Gobierno, la necesaria prudencia para actuar con responsabilidad ante el desafío separatista.
Todo el mundo es consciente de que la declaración soberanista vulnera frontalmente una Constitución que proclama al pueblo español como titular exclusivo de la soberanía nacional. Es cierto que un pronunciamiento general del Parlamento autonómico carece de efectos jurídicos vinculantes y, por tanto, no puede ni debe ser objeto de una impugnación precipitada ante el Tribunal Constitucional. Otra cosa es la respuesta política, que está perfectamente definida cuando el Gobierno -últimamente, a través de la vicepresidenta- expresa sin rodeos su intención de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los partidos catalanes que apoyan la soberanía y los que mantienen una posición dubitativa contribuyen a este desbarajuste colectivo, producto del confuso resultado que produjo una convocatoria electoral fuera de lugar. Cuando los esfuerzos de todos los gobernantes serios en Europea se dedican a la lucha contra la crisis económica, Artur Mas y quienes le secundan siguen empeñados en atizar conflictos artificiales. Los catalanes y el resto de los españoles asisten perplejos a unas negociaciones en las que nadie sabe cuáles son sus objetivos ni cuál es la finalidad concreta que persiguen, salvo la necesidad de CiU de complacer a sus socios radicales y el propósito de echar leña al fuego a unas cuestiones identitarias que solamente buscan ocultar intereses particulares a corto plazo.
UN paso adelante y otro atrás. La negociación política sobre la declaración soberanista del Parlamento autonómico, propuesta por CiU y sus socios republicanos, es fiel reflejo del descontrol generalizado que se ha instalado en la política catalana a partir de las elecciones. Artur Mas huye camino de ninguna parte después del fracaso en las urnas, mientras que ERC es el mayor beneficiario de una situación tan esperpéntica que le permite actuar a la vez como socio del Ejecutivo y cabeza de la oposición. Todos los partidos que apoyan directa o indirectamente el sedicente derecho a decidir son culpables de un disparate que tiene desconcertado a los ciudadanos. Duran y todo su partido hacen equilibrios sobre el alambre al tiempo que procuran que pase la tormenta sobre la financiación ilegal. El PSC continúa con la eterna ambigüedad entre un federalismo que nadie define y un apoyo puro y duro al referéndum soberanista. También ICV hace extrañas contorsiones buscando un lugar que todavía no ocupe nadie en este espacio saturado de planteamientos fuera de la realidad. Solo PP y Ciutadans actúan con el razonable sentido común que proporciona la claridad de los principios que defienden y, en el caso del Gobierno, la necesaria prudencia para actuar con responsabilidad ante el desafío separatista.
Todo el mundo es consciente de que la declaración soberanista vulnera frontalmente una Constitución que proclama al pueblo español como titular exclusivo de la soberanía nacional. Es cierto que un pronunciamiento general del Parlamento autonómico carece de efectos jurídicos vinculantes y, por tanto, no puede ni debe ser objeto de una impugnación precipitada ante el Tribunal Constitucional. Otra cosa es la respuesta política, que está perfectamente definida cuando el Gobierno -últimamente, a través de la vicepresidenta- expresa sin rodeos su intención de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los partidos catalanes que apoyan la soberanía y los que mantienen una posición dubitativa contribuyen a este desbarajuste colectivo, producto del confuso resultado que produjo una convocatoria electoral fuera de lugar. Cuando los esfuerzos de todos los gobernantes serios en Europea se dedican a la lucha contra la crisis económica, Artur Mas y quienes le secundan siguen empeñados en atizar conflictos artificiales. Los catalanes y el resto de los españoles asisten perplejos a unas negociaciones en las que nadie sabe cuáles son sus objetivos ni cuál es la finalidad concreta que persiguen, salvo la necesidad de CiU de complacer a sus socios radicales y el propósito de echar leña al fuego a unas cuestiones identitarias que solamente buscan ocultar intereses particulares a corto plazo.
UN paso adelante y otro atrás. La negociación política sobre la declaración soberanista del Parlamento autonómico, propuesta por CiU y sus socios republicanos, es fiel reflejo del descontrol generalizado que se ha instalado en la política catalana a partir de las elecciones. Artur Mas huye camino de ninguna parte después del fracaso en las urnas, mientras que ERC es el mayor beneficiario de una situación tan esperpéntica que le permite actuar a la vez como socio del Ejecutivo y cabeza de la oposición. Todos los partidos que apoyan directa o indirectamente el sedicente derecho a decidir son culpables de un disparate que tiene desconcertado a los ciudadanos. Duran y todo su partido hacen equilibrios sobre el alambre al tiempo que procuran que pase la tormenta sobre la financiación ilegal. El PSC continúa con la eterna ambigüedad entre un federalismo que nadie define y un apoyo puro y duro al referéndum soberanista. También ICV hace extrañas contorsiones buscando un lugar que todavía no ocupe nadie en este espacio saturado de planteamientos fuera de la realidad. Solo PP y Ciutadans actúan con el razonable sentido común que proporciona la claridad de los principios que defienden y, en el caso del Gobierno, la necesaria prudencia para actuar con responsabilidad ante el desafío separatista.
Todo el mundo es consciente de que la declaración soberanista vulnera frontalmente una Constitución que proclama al pueblo español como titular exclusivo de la soberanía nacional. Es cierto que un pronunciamiento general del Parlamento autonómico carece de efectos jurídicos vinculantes y, por tanto, no puede ni debe ser objeto de una impugnación precipitada ante el Tribunal Constitucional. Otra cosa es la respuesta política, que está perfectamente definida cuando el Gobierno -últimamente, a través de la vicepresidenta- expresa sin rodeos su intención de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los partidos catalanes que apoyan la soberanía y los que mantienen una posición dubitativa contribuyen a este desbarajuste colectivo, producto del confuso resultado que produjo una convocatoria electoral fuera de lugar. Cuando los esfuerzos de todos los gobernantes serios en Europea se dedican a la lucha contra la crisis económica, Artur Mas y quienes le secundan siguen empeñados en atizar conflictos artificiales. Los catalanes y el resto de los españoles asisten perplejos a unas negociaciones en las que nadie sabe cuáles son sus objetivos ni cuál es la finalidad concreta que persiguen, salvo la necesidad de CiU de complacer a sus socios radicales y el propósito de echar leña al fuego a unas cuestiones identitarias que solamente buscan ocultar intereses particulares a corto plazo.
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