El pleno del parlamento catalán ha admitido a trámite el nuevo Código de Consumo de Cataluña, que prevé un endurecimiento de las sanciones por no rotular en catalán. Todos los grupos han votado a favor, excepto PP y Ciutadans que se han opuesto con enmiendas a la totalidad.
La nueva normativa establece que cualquier comerciante que no rotule o realice las facturas, contratos, instrucciones, folletos publicitarios o presupuestos de su comercio al menos en catalán puede ser multado hasta con 10.000 euros, cuando hasta el momento el castigo alcanzaba como máximo los 3.000.
Además la norma establece el precepto de la "disponibilidad lingüística" que obliga a los comerciantes a cumplir el deber de responder en catalán a los consumidores que se les dirijan en este idioma.
La normativa ha contado con la firme oposición del PP y Ciutadans. Especialmente duro ha sido el portavoz del Grupo Mixto, José Domingo, que ha tildado la actitud sancionadora de "enfermiza", "demencial" o "borroka". Domingo interpreta que resistirse a rotular en catalán puede acabar siendo castigado hasta con un millón de euros, cantidad establecida en la ley para las conductas de vulneración del código graves o muy graves.
Domingo ha acusado al tripartito de establecer un "régimen del terror", un régimen de "catalán obligatorio" que, en su opinión, elude la "regla básica de la proporcionalidad".
La nueva normativa establece que cualquier comerciante que no rotule o realice las facturas, contratos, instrucciones, folletos publicitarios o presupuestos de su comercio al menos en catalán puede ser multado hasta con 10.000 euros, cuando hasta el momento el castigo alcanzaba como máximo los 3.000.
Además la norma establece el precepto de la "disponibilidad lingüística" que obliga a los comerciantes a cumplir el deber de responder en catalán a los consumidores que se les dirijan en este idioma.
La normativa ha contado con la firme oposición del PP y Ciutadans. Especialmente duro ha sido el portavoz del Grupo Mixto, José Domingo, que ha tildado la actitud sancionadora de "enfermiza", "demencial" o "borroka". Domingo interpreta que resistirse a rotular en catalán puede acabar siendo castigado hasta con un millón de euros, cantidad establecida en la ley para las conductas de vulneración del código graves o muy graves.
Domingo ha acusado al tripartito de establecer un "régimen del terror", un régimen de "catalán obligatorio" que, en su opinión, elude la "regla básica de la proporcionalidad".
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