Vigo. O sea, Galicia. España. Estado moderno –dicho sea lo de Estado con las cautelas oportunas–. Democracia constitucional con supuestos derechos y libertades de cada cual. En mi casa mando yo, resumiendo. Y mi amigo Manolo, que es un ingenuo y se lo cree, necesita cubrir un puesto de auditor. Es una oferta seria y bien remunerada. Así que publica un anuncio en la prensa local: «Se necesita auditor para empresa solvente». Y empieza el circo.
La cosa se encarna en inspectora de Trabajo y Asuntos Sociales, con todas sus letras. Hola, buenas, dice la pava. ¿Cómo es que solicitan ustedes un auditor, y no un auditor o una auditora? Mi amigo, que es hombre culto, conoce las normas de la Real Academia en particular y de la lengua española en general, y no trinca de la corrección política ni de la gilipollez pública, como otros, argumenta que auditor es masculino genérico, y que su uso con carácter neutro engloba el masculino y el femenino desde Cervantes a Vargas Llosa, más o menos. No añade, porque es chico educado y tampoco quiere broncas, que no es asunto suyo, ni de su empresa, que una pandilla de feminazis oportunistas, crecidas por el silencio de los borregos, la ignorancia nacional y la complicidad de una clase política prevaricadora y analfabeta, necesite justificar su negocio de subvenciones e influencias elevando la estupidez a la categoría de norma, y violentando a su conveniencia la lógica natural de un idioma que, aparte de ellas, hablan cuatrocientos millones de personas en todo el mundo. Olvidando, de paso, que la norma no se impone por decreto, sino que son el uso y la sabiduría de la propia lengua hablada y escrita los que crean esa norma; y que las academias, diccionarios, gramáticas y ortografías se limitan a registrar el hecho lingüístico, a fijarlo y a limpiarlo para su común conocimiento y mayor eficacia. Porque no es que, como afirman algunos tontos, las academias sean lentas y vayan detrás de la lengua de la calle. Es que su misión es precisamente ésa: ir detrás, recogiendo la ropa tirada por el suelo, haciendo inventario de ésta y ordenando los armarios.
Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos». Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora, con tres palabras en vez de una, en anuncios que se cobran precisamente por palabras, o deberá atenerse a las consecuencias. Y a mi amigo, claro, se lo llevan los diablos. «O es un chantaje feminista más –se lamenta–, o mi anuncio despista de verdad, y algunas mujeres ignorantes o estúpidas creen que no pueden optar a ese puesto de trabajo. Lo que sería aún más grave. Si lo que tanta idiotez de género ha conseguido es que, al final, una mujer crea que ofrecer un trabajo de auditor es sólo para hombres y no para ella, todo esto es una puñetera mierda.» Etcétera.
El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable, competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–, le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo «puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. «¿Entonces, la legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. «¿Y qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.»
Es inútil añadir que, ante la perspectiva de un procedimiento judicial de incierto resultado, que iba a costarle más que las dos palabras suplementarias del anuncio, Manolo ha cedido al chantaje, y lo de auditor a secas se lo ha comido con patatas. «Auditor, auditora y auditoro con miembros y miembras», creo que pone ahora. Con mayúsculas. Tampoco está el patio para defensas numantinas. Esto es España, líder de Europa y pasmo de Occidente: el continuo disparate donde la razón vive indefensa y cualquier imbecilidad tiene su asiento. Como dice el pobre Manolo, «lo mismo voy a juicio, colega, me toca una juez feminista y encima me jode vivo». Intento consolarlo diciéndole que peor habría sido, en vez de auditor, necesitar otra cosa. Un albañil, por ejemplo. O albañila.
La cosa se encarna en inspectora de Trabajo y Asuntos Sociales, con todas sus letras. Hola, buenas, dice la pava. ¿Cómo es que solicitan ustedes un auditor, y no un auditor o una auditora? Mi amigo, que es hombre culto, conoce las normas de la Real Academia en particular y de la lengua española en general, y no trinca de la corrección política ni de la gilipollez pública, como otros, argumenta que auditor es masculino genérico, y que su uso con carácter neutro engloba el masculino y el femenino desde Cervantes a Vargas Llosa, más o menos. No añade, porque es chico educado y tampoco quiere broncas, que no es asunto suyo, ni de su empresa, que una pandilla de feminazis oportunistas, crecidas por el silencio de los borregos, la ignorancia nacional y la complicidad de una clase política prevaricadora y analfabeta, necesite justificar su negocio de subvenciones e influencias elevando la estupidez a la categoría de norma, y violentando a su conveniencia la lógica natural de un idioma que, aparte de ellas, hablan cuatrocientos millones de personas en todo el mundo. Olvidando, de paso, que la norma no se impone por decreto, sino que son el uso y la sabiduría de la propia lengua hablada y escrita los que crean esa norma; y que las academias, diccionarios, gramáticas y ortografías se limitan a registrar el hecho lingüístico, a fijarlo y a limpiarlo para su común conocimiento y mayor eficacia. Porque no es que, como afirman algunos tontos, las academias sean lentas y vayan detrás de la lengua de la calle. Es que su misión es precisamente ésa: ir detrás, recogiendo la ropa tirada por el suelo, haciendo inventario de ésta y ordenando los armarios.
Pero volvamos a Vigo. A los pocos días de la visita de la inspectora mentada, Manolo recibe un oficio, o diligencia, donde «se requiere a la empresa la subsanación de las ofertas vigentes y la realización de las futuras o bien en términos neutros, o bien referida simultáneamente a trabajadores de ambos sexos». Dicho en corto –aparte la ausencia de coma tras futuras y la falta de concordancia de referida–: o en el futuro pide auditor o auditora, con tres palabras en vez de una, en anuncios que se cobran precisamente por palabras, o deberá atenerse a las consecuencias. Y a mi amigo, claro, se lo llevan los diablos. «O es un chantaje feminista más –se lamenta–, o mi anuncio despista de verdad, y algunas mujeres ignorantes o estúpidas creen que no pueden optar a ese puesto de trabajo. Lo que sería aún más grave. Si lo que tanta idiotez de género ha conseguido es que, al final, una mujer crea que ofrecer un trabajo de auditor es sólo para hombres y no para ella, todo esto es una puñetera mierda.» Etcétera.
El caso es que, resuelto a defender su derecho de anunciarse en correcto castellano, Manolo se pone en contacto con los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad, donde una abogada razonable, competente y muy amable –lo hago constar para los efectos oportunos–, le dice que, con la ley de Igualdad en la mano, la inspectora de Vigo «puede haber creído detectar» discriminación en el anuncio, y que la empresa se expone a una sanción futura si no rectifica. «¿Entonces, la legalidad o ilegalidad de mi anuncio depende de la opinión particular de cualquier funcionario que lo lea, por encima de la Real Academia Española?», pregunta Manolo. «Más o menos», responde la abogada. «¿Y qué pasaría si yo recurriese legalmente, respaldado por informes periciales de lingüistas o académicos?», insiste mi amigo. «Pasaría –es la respuesta– que tal vez ganase usted. Pero eso dependería del juez.»
Es inútil añadir que, ante la perspectiva de un procedimiento judicial de incierto resultado, que iba a costarle más que las dos palabras suplementarias del anuncio, Manolo ha cedido al chantaje, y lo de auditor a secas se lo ha comido con patatas. «Auditor, auditora y auditoro con miembros y miembras», creo que pone ahora. Con mayúsculas. Tampoco está el patio para defensas numantinas. Esto es España, líder de Europa y pasmo de Occidente: el continuo disparate donde la razón vive indefensa y cualquier imbecilidad tiene su asiento. Como dice el pobre Manolo, «lo mismo voy a juicio, colega, me toca una juez feminista y encima me jode vivo». Intento consolarlo diciéndole que peor habría sido, en vez de auditor, necesitar otra cosa. Un albañil, por ejemplo. O albañila.
Arturo Pérez-Reverte
Félix Velasco - Blog
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