ES tan evidente y tan burda la estrategia de provocación constante puesta en práctica por el nacionalismo catalán, con el propósito de alimentar su victimismo, que parece ocioso incluso comentarla. Llevan lustros haciendo lo mismo: tiran una piedra y otra y otra más, ofenden al conjunto de los españoles, insultan a muchos de ellos llamándoles holgazanes, ineptos, ladrones o cosas peores, dependiendo de su procedencia geográfica, urden embustes sobre nuestra Historia común, tergiversan el significado de acontecimientos decisivos en el devenir de esta Nación de la que siempre han formado parte, puesto que nunca han sido otra cosa que Reino de Aragón o España… Y cuando alguien reacciona, harto de tanta infamia, dicen que les agreden e invocan su «derecho a decidir».
Ni siquiera se atreven a llamar a las cosas por su nombre. El territorio en el que se sienten cómodos es el de la falsificación, que incluye hasta las palabras. Nada de pronunciar los términos «autodeterminación» o «independencia», que es lo que dirían si fuesen valientes y coherentes con lo que predican. Nada de hablar de un «referéndum» en el que se plantee abiertamente la «secesión» y la subsiguiente expulsión de la UE. Mucho mejor confundir a la gente con una «consulta» sobre la posibilidad de acceder a la condición de «Estado soberano» con todas las ventajas de seguir bajo el paraguas europeo. No en vano controlan con puño de hierro tanto la educación como los medios de comunicación locales, a los que engrasan y domestican mediante generosas subvenciones. Cuando se trata de embuchar a los ciudadanos de Cataluña con su propaganda, todo vale; hasta ese «simposi» de pacotilla empeñado en retorcer la realidad a fin de demostrar lo indemostrable: que durante trescientos años una parte de España tan española como cualquier otra estuvo en conflicto político consigo misma.
Produciría hilaridad este juego zafio, reiterativo y previsible, si no fuese porque la fiesta se paga con fondos procedentes de nuestros bolsillos, y cuesta muy cara. Casi 7.000 millones de euros recibió el año pasado la Generalitat del Fondo de Liquidez Autonómico para hacer frente a sus cuantiosas deudas, y cerca de 9.000 ha solicitado en este 2013. De no haber acudido al rescate el conjunto de los trabajadores españoles, los jubilados catalanes no cobrarían sus pensiones y sus instituciones autonómicas habrían cerrado por quiebra. Ningún funcionario regional recibiría su paga. No habría dinero para los hospitales. Si los catalanes siguen disfrutando del Estado del bienestar, pese a la gestión suicida de sus gobernantes, es porque forman parte del pueblo español, que es un pueblo solidario. Pero todo tiene límites.
La Constitución española y la Ley de Estabilidad Presupuestaria contienen mecanismos suficientes para impedir que los escasos recursos de los que disponen las arcas públicas en estos tiempos de carestía vayan a financiar actos propagandísticos destinados a fomentar el odio y la sedición, políticas de confrontación o actuaciones que vulneran frontalmente la legalidad, como es el caso de una campaña en pro de la autodeterminación. Yo no pago mis impuestos para que Oriol Junqueras y Artur Mas financien con ellos el robo de mi parte del patrimonio histórico, cultural y territorial que pretenden escindir de España.
Ya está bien de apaciguamiento. La experiencia ha demostrado con creces que la bestia es insaciable y no necesita pretextos, luego dejemos de alimentarla. Si van a atracarnos a punta de mentira, que no paguen la munición con mi dinero.
Isabel San Sebastian
Félix Velasco - Blog
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